Este sábado 12 de mayo se cumplió el primer aniversario de
la primera movilización multitudinaria de los estudiantes del vecino país que
se extiende al otro lado de Los Andes, y que puso en jaque la gestión del
actual presidente, Sebastián Piñera, a punto tal de desvestir su imagen pública
hasta las rodillas, con tan sólo un 26% de margen positivo en el momento de
mayor fulgor y atención en la opinión pública.
Este aniversario trae muchos balances para hacer, y a pesar
de que las partes se encuentran en orillas opuestas del río, el puente tendido
por el gobierno de centroderecha ha logrado elogios –aunque discretos- de la
Confederación de Estudiantiles de Chile (Confech).
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Ahora bien, si se quisiera remontar el curso que estas aguas
han marcado en al vida política de la nación vecina, bien habría que encontrar
las causas que detonaron el proceso, y sin embargo, faltaría aún advertir las
causas reales que la motivan e impulsan, y que algunas veces no están a la
orden del día. Para ello, hay que valerse de la “fuente” histórica que dio
origen a este caudal que aún inunda las mesas de los cafés en Chile.
Si es posible hallar líneas conexas entre el ahogamiento de
una herejía a mediados del siglo XVII, y que fue excusa a los cerebros
“iluminados” para orquestar una campaña de difamación contra la Compañía de
Jesús que culminó con la expulsión de ésta de Francia, España, y por extensión,
la América virreinal, y la Reforma Universitaria surgida en la provincia de
Córdoba allá por 1918 con el fin de cambiar el paradigma de una Casa de Altos
Estudios de raigambre clerical y conservadora, también pueden atarse lazos
entre aquellos jóvenes de galera y origen popular y las banderas que enarbolan
Gabriel Boric, y Camila Vallejos, referentes del movimiento estudiantil y,
respectivamente, presidente y vice de la Federación Estudiantil de la
Universidad de Chile (FECh).
Aquéllos, pedían la apertura de las cátedras que se regían
bajo un orden cuasi-feudal; éstos, 94 años después, piden investigar a los
altos cargos de la educación superior para conocer fehacientemente si, tras el
retorno a la democracia en 1990, los ha movido más el lucro que la noble tarea
de formar profesionales y ciudadanos.
Unos, exigían que, a través de la “Extensión Universitaria”,
se estrecharan brazos con la sociedad, a fin de que sus miembros volcaran, en
un acto de justicia, el conocimiento adquirido; los otros, buscan hoy cambiar
la mente de un amplio sector social que ve como una carga el costo de la
educación, más aún cuando hace escasos días el primer mandatario anunciaba el
envío de un proyecto de ley que implicaría una reforma tributaria que apaliaría
la desigual presencia del estado en el sostén de todas las etapas de
instrucción.
Los primeros, buscaban garantizar la posibilidad de ascenso
social a través de la educación superior, en un país que se desarrollaba al
mismo paso que se abrían nuevas escuelas; los últimos, reclaman con tenacidad
idealista una posible gratuidad en un sistema reconocido como de los más caros
del mundo y que exhibe una brecha enorme en las oportunidades de crecimiento
entre aquellos que acceden al último grado de especialización y los que miran
de reojo las cuantiosas cifras que arrojan los recibos de sueldo de los
profesionales, casi cuatro veces más que los propios (cuando en el mundo la
media está en 1,3-1,4 más).
Aquellos sucesos de junio del 18 repercutieron en toda la
Argentina, y también en la América Latina: en el Perú, por caso, la posta
lanzada devino luego en un partido político, si bien no tuvo prosperidad. Sin
embargo, con avances y retrocesos, caminos largos recorridos casi tan largos
como los parates surgidos, el legado de los reformistas sigue vigente, y lo
comprueba la réplica que sale de bocas que sueltan un español con acento
trasandino.
Quizás, el desafío más grande en la costa del Pacífico Sur
se dé en pasar de u sistema educacional gratuito. En Chile el Estado aporta 56% de la educación y las familias un 44%. Durante
la dictadura de Augusto Pinochet, el presupuesto en educación se redujo de un
7% al 3% del PBI, delegando en muchos casos la enseñanza en manos privadas. La
educación superior debe ser costeada por el alumno, que en caso de no disponer
de los montos puede recurrir a préstamos bancarios, que una vez asumidos son
inclaudicables aunque el joven abandone los estudios.
La propuesta presentada
por Harald Beyer (un tecnócrata devenido en Ministro de Educación hace sólo 120
días) el pasado 23 de abril al presidente Piñera propone pasar a manos del
Estado el financiamiento de la educación superior, a través de los Créditos con
Aval del Estado (CAE). Estos prevén una tasa de interés máxima del 2%, que no
podrán absorber más del 10% del sueldo del futuro trabajador que en 15 años,
sin importar el estado, pasa a ser completamente anulada.
Pensar una educación
gratuita suena imposible: en tiempos de crisis internacional, supondría una
carga sobre las arcas del Estado equivalente a la décima parte de las riquezas
que Chile acumula por año.
En palabras de Alieto Guadagni, “El siglo XIX fue el siglo de la
escuela primaria; el pasado, el de la escuela secundaria, y éste será el siglo
de la universidad. En la nueva sociedad del conocimiento prosperarán aquellas naciones
que sean capaces de asegurar un alto nivel de calificación a sus recursos
humanos; el capital humano de una nación es hoy más importante que la
existencia de recursos naturales agotables”. Una lección en la que los chilenos comienzan a accionar,
y que los argentinos merecemos no olvidar.
