Analizan si enjuician a Magistrada que discriminó a empleadas públicas

Redacción: Zico

La jueza de la Nación, Elsa Parrili, la es acusada de haber amenazado e insultado a dos empleadas de tránsito el pasado 13 de setiembre, se presentó ante el Juzgado contravencional con el fin de pedir la aplicación de un "aprobation", el cual en caso de ser aprobado daría marcha atrás al pedido de juicio oral que recae sobre la funcionaria.
La Dra. Parrili se hizo tristemente célebre cuando distintos medios publicaron material visual donde se la ve agrediendo verbalmente a dos empleadas de tránsito, reconocidas como Itaí Altabe y Rocío Gomez, cuando ambas se disponían a aplicarle una sanción vehicular.
En la grabación se puede apreciar a la funcionaria pública vociferando tropelías contra las jóvenes, al estilo de "acá mando yo" o "en esta oficina no hay ninguna rubia", seguidas de calificaciones subidas de tono y claramente discriminatorias.
El recurso de la letrada se basa en ciertos tecnicismos de la Ley, la cual permitiría el pago de una "indemnización", y de la realización de tareas comunitarias.
En igual sintonía, el juzgado asegura que además del ofrecimiento de dinero para con las empleadas de la Guardia Urbana, Parrili se habría ofrecido a entregar su licencia de conducir para quedar inhabilitada por el transcurso de un año.
Por su parte, Gómez y Altube sostuvieron que no recibieron ninguna oferta concreta, si bien sus abogados les informaron de la posiblidad de recibir 5 mil pesos para cada una, a lo cual respondieron: "Nosotras no queremos la plata sino seguir adelante con el juicio".
Uns de las jóvenes aseguró que la magistrada se acercó su lugar de trabajo para hacer un "supuesto pedido de disculpas", al cual calificó como "una estrategia de sus abogados", puesto que Parrili se habría presentado nuevamente con malos modales.
Mientras se dirime el futuro de la causa, se espera que la jueza realice su descargo sobre lo acontecido, el cual provocará la decisión final del Juez Norberto Circo, quien decidirá si deja impune la incorrecta actitud de la magistrada o si eleva el caso a juicio político, con la consiguiente posibilidad de destituirla del cargo.


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